LAS MENTIRAS DE LOS REFUGIADOS

El periódico El Tiempo de Colombia, denunció una red de estafadores que trabajaban en el Congreso de ese país y que a la postre resultaron engañando a cientos de familias que depositaron su confianza y su dinero en ellos para viajar a Canadá en busca de refugio. Esto no es nuevo, pero el problema es que las autoridades de inmigración de Canada ya no van a ser más tolerantes con las personas que buscan refugio y por culpa de esos engaños, de ahora en adelante va a ser mucho más difícil creerle a alguien que verdaderamente sí está amenazado de muerte y necesita protección. Todo esto gracias a las mentiras de los refugiados, que por cierto aquí en Canadá hay muchos...


Dos empleados del Congreso fueron condenados por certificar falsas amenazas para tramitar asilos*

Testigos le contaron a la Fiscalía que les cobraban desde 12 millones de pesos para conseguir los papeles del asilo.

Los funcionarios hacían parte de una red que cobraba hasta 12 millones de pesos por proporcionar los documentos necesarios para obtener refugio político en Canadá.

La red fue descubierta gracias a una investigación surgida hace dos años por las amenazas de muerte que recibieron varias personas.

Vladimir Ilichi Acosta Martínez, transcriptor de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y el asesor Pedro Antonio Verbel Moque fueron condenados por un juez especializado a 11 años de prisión por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, concusión y falsa denuncia.

Sin embargo, están libres y solo serían detenidos si el fallo queda en firme la segunda instancia.

Además, el juez sentenció a nueve de años de cárcel a Roberto Vergara y Manuel de Jesús Jiménez. Vergara era comerciante en turismo y Jiménez se dedicaba a la política. Ambos también siguen en libertad.

Los implicados han negado los cargos e insisten en que son inocentes y que todo se hacía de manera legal.

Así funcionaba la red

Los investigadores descubrieron que una empresa de turismo dirigida por Vergara ofrecía planes de estudio, trabajo y alojamiento en el exterior, a cambio de altas sumas de dinero, comprometiéndose a efectuar trámites ante la embajada de Canadá.

Hacía reuniones con familias completas, estudiantes y personas que tenían la ilusión de conseguir trabajo en otro país .

Allí entraba a participar el político (Jiménez), que se presentaba como una persona con influencias. Él llevaba a los 'clientes' al Congreso y los presentaba con Acosta y Verbel.

Estos últimos los atendían, recibían las solicitudes y las repartían para los trámites internos. La red pedía dinero adicional para alistar los documentos que se tenían que presentar en la embajada.

Pero, en criterio de la Fiscalía, era en ese momento en el que incurrían en una de las conductas más graves: "Con el fin de justificar la condición de asilados o refugiados de las víctimas, redactaron denuncias por el supuesto delito de amenazas provenientes de grupos al margen de la ley y ordenaron que los radicaran en la Fiscalía".

Los investigadores descubrieron que estaban llegando muchas amenazas contra particulares que tenían las mismas características. Buscaron a los supuestos amenazados y varios terminaron por confesar que eso no era cierto y que para conseguir la visa a Canadá, les estaban cobrando millonarias sumas.

Entonces revelaron detalles de las reuniones y los nombres de quiénes participaban: "Roberto nos dijo que los viajes eran por unos cupos que sobraban en el Congreso y que como él tenía acceso a ellos, no los vendía", dijo un testigo.

Otro explicó: "Nos contaron que habían cupos para irse a vivir como refugiados a Canadá, decían que eso era como irse uno becado, que nos daban casa, educación y un subsidio de 2.000 dólares mensuales".

Evidencias fueron halladas en computador

Un testigo más explicó que en su caso le entregaron una denuncia que decía que un día estaba él en Unicentro cuando llegaron unos hombres de las Farc que lo tenían amenazado, junto a otros compañeros, y por eso tenía que salir del país.

En un registro que hizo la Fiscalía a la oficina de Derechos Humanos en el Congreso, los investigadores encontraron en uno de los computadores las copias de las denuncias que se entregaron a la Fiscalía.

Hasta ahora no es claro cuántas personas, con la ayuda de esta red, habrían salido asiladas del país.

Asilo no requiere de intermediarios, explica magistrado

Ernesto Rey Cantor, experto en derecho internacional, afirma: "no se necesitan personas que digan que influyen para obtener un asilo político porque es una potestad discrecional del cuerpo diplomático. La persona que se considere perseguida debe acudir al cuerpo diplomático para pedir esa protección con base en tratados internacionales. Eso no cobran por eso".

Fuentes judiciales dijeron que no saben cuántos colombianos han solicitado refugio en el exterior, porque esas cifras las maneja discretamente cada país. Sin embargo, explicaron que mensualmente llegan decenas de solicitudes a las embajadas de gente que dice que está amenazada y desplazada.

*TOMADO DEL PERIODICO EL TIEMPO (Bogotá-Colombia)